jueves, 25 de junio de 2009

Debate Peretti - Bonasso

Este debate fue publicado en el diario “Critica de la Argentina durante el año 2008


1.- Escribe Bonasso en fecha 18 de mayo de 2008


Urquía y los seis grandes


¿Cuál es el poder detrás del trono que casi nadie menciona en el conflicto del campo? ¿Hasta qué punto llega la evasión fiscal en el tráfico de granos y, en particular, la soja? ¿Cuál es la mano que mueve la cuna y cambia la ley en su propio beneficio? ¿Por qué el Estado que aparece como el depredador que se queda con la riqueza que producen otros, sigue siendo el eterno perjudicado? ¿Indigentes como productores rurales que exportan? ¿Por qué el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quiere nacionalizar todo menos el comercio de granos y derivados?El poder detrás del trono lo integran seis corporaciones que dominan el mercado de granos y concentran el 92 por ciento de las exportaciones de aceite de soja (según los últimos datos disponibles de 2006 y 2007). Los Seis Grandes del buen humor son: Bunge, Aceitera General Deheza, Cargill, Molinos, Vicentín y Dreyfus. En 1989, cuando aún sobrevivía la Junta Nacional de Granos, las seis principales exportadoras de aceite de soja controlaban un 52 por ciento de las exportaciones, sobre un volumen total mucho menor que el actual.El espectacular aumento del 40 por ciento, sobre un volumen y un precio infinitamente mayores, coincide con la desaparición de la Junta Nacional de Granos decretada por Domingo Felipe Cavallo en noviembre de 1991.La Junta fijaba un precio sostén para proteger a los productores, regulaba el mercado para evitar la concentración monopólica y disponía de infraestructura para participar en la comercialización, como puerto y silos.Dos proyectos que se discuten actualmente en la Cámara de Diputados pretenden directamente recrearla (Eduardo Macaluse, ARI Autónomo) o regenerar y aun ampliar varias de sus funciones a través de un nuevo ente estatal que además asegure la soberanía alimentaria (morfi para todos) del que es autor el presidente de la Comisión de Agricultura, Alberto Cantero (PJ-Frente para la Victoria). La iniciativa de reinstalar la Junta Nacional de Granos fue históricamente apoyada por la Federación Agraria, que ahora parece más interesada en generar un movimiento político a partir de su enfrentamiento con el Gobierno. La idea de recrear la Junta fue (y es) duramente resistida por el poder detrás del trono.El debate hará ruido en el Parlamento la semana próxima. Viene precedido por una maniobra en el Senado, promovida por los Seis Grandes y representada por uno de ellos, el dueño de Aceitera General Deheza y senador por Córdoba (PJ-Frente para la Victoria) Roberto Urquía, presidente de la decisiva Comisión de Presupuesto y Hacienda. En noviembre de 2007 la Cámara de Diputados aprobó la llamada ley Martínez Raymonda que modificaba el decreto ley de la dictadura militar firmado por Videla y Martínez de Hoz, que permitía a los exportadores de granos evadir alegremente los impuestos mediante simples declaraciones juradas. La ley votada por Diputados, en cambio, establecía que los exportadores deberían acreditar fehacientemente, a la fecha del registro, la tenencia o adquisición de los productos agropecuarios, evitando de esta manera que pagaran retenciones más bajas por compras supuestamente realizadas cuando los precios del mercado eran menores. Así ocurrió con el trigo respecto al cual registraron supuestas compras realizadas cuando el precio internacional estaba a 120 dólares la tonelada y lo exportaron cuando había trepado a 300 dólares. O sea: registraron y pagaron impuestos por 120 y vendieron a 300. Con lo que perjudicaron simultáneamente al fisco y a los productores, pero se embolsaron mil millones de dólares. Con la soja la maniobra llegó a niveles de escándalo en noviembre último cuando los exportadores registraron en pocos días 16 millones de toneladas para evitar el aumento de las retenciones que extrañamente preveían. En aquel momento estaban en el 27 por ciento y ahora en el 40.El poder detrás del trono se molestó mucho con las modificaciones introducidas por Diputados a la ley firmada por Videla y Martínez de Hoz. No querían que nada cambiara.Ante la sanción, se presentaron en el Senado de la mano de Urquía, a la vez miembro del oligopolio y senador de la Nación. Algo más que un simple lobbista. Tras una reunión pública de los exportadores con los senadores, se modificó el texto del artículo primero de la ley votada por Diputados. Mediante el cambio se dilató el período entre la adquisición real y la declaración jurada. Ya no se podía evadir a lo grande como antes pero al menos se rescataban unos días (valiosos) para especular.Las maniobras para eludir las responsabilidades fiscales no se limitan a las operaciones de registro. Hay varias en toda la cadena de comercialización. Por ejemplo: en el campo hay varios Antonini Wilson, que son llamados precisamente “valijeros”. Estos simpáticos personajes recorren los campos en fechas clave, valija en mano, para comprar en negro la cosecha. El productor puede a partir de esa venta declarar ingresos muy inferiores a los reales y evadir el impuesto a las ganancias. ¿Quiénes son estos valijeros? ¿estarán vinculados a los Seis Grandes?El 28 de abril último, en una sabrosa entrevista publicada por La Voz del Interior, el señor Eduardo Marcle, presidente de la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas, declaró que la evasión impositiva de algunas empresas era superior al 60 por ciento y relató maniobras con los portes de carga de las mercaderías que van a puerto, que serían cómicas de no resultar tan onerosas. Por ejemplo: algunas de esas cartas de porte afirman que se cargó en Vicuña Mackenna y cuando llega a destino dice que viene de Santiago del Estero y que es del monotributista Juan Pérez que no figura en ningún lado. ¿Los Seis Grandes no controlan las cartas de porte?Hay también maniobras aberrantes con indigentes que figuran como presuntos dueños de cosechas. Un escándalo sacude a Río Cuarto. Una ex funcionaria municipal, Pía Cardoso (novia del célebre Marcelo Macarrón) otorgaba pensiones graciables a indigentes engañados que endosaban a cambio cheques por 40 mil pesos o más, que luego eran presentados como correspondientes a presuntos productores que exportaban su cosecha. Según periodistas locales, la maniobra es por varios millones de pesos. ¿Podemos creer que los Seis Grandes desconozcan que se les compran granos a indigentes travestidos como chacareros? El 10 de mayo último, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, en un acto realizado en Gualeguaychú, afirmó que la nacionalización del petróleo y la minería realizada en Bolivia por Evo Morales, era “un ejemplo a seguir”. Es una lástima que no incluyera en su proyecto nacionalizador a los Seis Grandes.

2.- En fecha 25 de mayo de 2008 el dirigente Pedro Peretti contesta por el mismo medio lo siguiente:

Buzzi y los Seis Grandes


En respuesta a un artículo firmado por Miguel Bonasso el domingo pasado (“Urquía y los seis grandes”), un dirigente de la FA replica, punto a punto, la estrategia del Gobierno.

Cuando leo el artículo de Miguel Bonasso (Crítica de la Argentina, 18/5/2008) sobre el poder detrás del trono de las seis grandes exportadoras de granos, no puedo menos que coincidir y acompañar toda acción, declaración o medida en torno de la nacionalización del comercio de granos (aclaro: nacionalización, no argentinización, no sea cosa que se les ocurra dárselo a algún argentino “prosperísimo”, como hicieron con Aerolíneas o con YPF Repsol).Bonasso, cuando cita a Buzzi y a la Federación Agraria (FAA) en estos temas, incurre en el lugar común de toda “la izquierda kirchnerista” de creer que el problema agrario es como el cine continuado, que empieza cuando llegaron ellos y termina cuando se van. La FAA tiene una larguísima lucha a favor de las regulaciones del comercio de granos y carnes, primero tratando de evitar su desmantelamiento (en la época de Cavallo), y luego por su restitución. Desconocer la larga, dura e inclaudicable lucha de la entidad en torno de este y otros temas que no vienen en este momento al caso (reforma agraria, extranjerización de tierras) es, cuanto menos, una falta de honestidad intelectual o un desconocimiento preocupante sobre el tema. Pero, además, aclaremos lo siguiente, para informar al compañero diputado: 1) El 10 de marzo, un día antes de que el Gobierno sacara la Resolución 125, la FAA estaba bloqueando el puerto de Dreyfus, Cargill y AGD en la periferia de Rosario. El motivo de esta acción lo sabe todo el mundo (aunque por conveniencias políticas se trate sistemáticamente de ocultar): evitar la monumental transferencia de los productores a los exportadores por el tema trigo; que bajo la mirada cómplice, desentendida y sospechosa del Gobierno, constituyó uno de los mayores despojos de la última década, una verdadera vergüenza.2) Le recuerdo que uno de los piquetes más emblemáticos “de la guerra gaucha” es el que está bloqueando la planta de Dreyfus en Gral. Lagos hasta el día de hoy. Tan zonzos no somos, aunque seamos del campo... chico. 3) Es oportuno recordar que quienes dejaron que esos puertos actuaran como verdaderos free shops de granos son la AFIP y el Congreso, que hasta le autorizaron por ley una aduana propia al senador oficialista por Córdoba, Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza. Él fue el principal lobbista, junto con el ex gobernador Romero (actual vicepresidente del Senado puesto por el kirchnerismo) en contra de la ley de bosques, que propiciara el diputado Bonasso (apoyada por la FAA). Como vemos, el diputado tiene bastante trabajo dentro de su Gobierno como para ocuparse malamente de la FAA.4) Estimaciones privadas ubican entre 700 y 800 millones de dólares la evasión por los puertos libres granarios del cordón rosarino. Son los grandes productores y cerealeras exportadoras, con el aporte de corredores de bolsa, los que están detrás del negocio negro. Perseguir a pequeños y medianos productores por la evasión granaria es como si en la ciudad se persiguiera a los kiosqueros por la evasión de la industria. Es decir, un verdadero disparate que el Gobierno, en vez de declamar, debería controlar y hacerse responsable. 5) La ley Martínez Raymonda demoró más de un año en reglamentarse. Seguramente, alguna mano misteriosa y seguramente “bienintencionada” la cajoneó durante todo ese lapso. ¿Supongo que no lo culparán a Buzzi?6) Varios dirigentes federados escuchamos de boca del secretario Javier de Urquiza que Roberto Urquía y Gustavo Grobocopatel eran los referentes agrarios de Cristina. Sería más oportuno y eficaz que le soliciten a la Presidenta que cambie de asesores antes de endilgarle a Buzzi y a la FAA cosas que no hemos nunca dicho ni hecho. La FAA siempre marcó claramente su oposición al modelo de agricultura sin agricultores que representan Urquía y Grobocopatel.7) El proyecto de creación de la Junta Nacional de Granos que se está tratando en la comisión de agricultura de Diputados, presentado por Eduardo Macaluse, tiene todo el apoyo de la FAA. De hecho, él mismo reconoció en la reunión de comisión que la había elaborado en conjunto con nuestra entidad. Que el oficialismo no la haya descubierto antes demuestra lo poco que le interesaba cambiar la política agrícola que venía con piloto automático desde el menemismo. Hace más de dos años que tenía estado parlamentario como la ley de extranjerización de tierras, ley de arrendamientos, junta nacional de carnes, etc. Es muy bueno que el paro haya despertado conciencias y obligado a discutir políticas agrarias (desde el Anteproyecto de ley agraria de Horacio Giberti de 1974 que no se discutían tales cosas). Esperemos que el Gobierno pase a la acción en estos temas, que deje de lado la verbalización progresista y tome medidas concretas a favor de los sectores nacionales y populares. 8) Nada dice el diputado sobre el proyecto del secretario de Comercio Moreno de entregar el control del comercio de granos a las seis exportadoras (una junta de granos privada como la definió el inefable Moreno). Éstas son las propuestas del Gobierno a las que FAA se opuso cerradamente, hechas en nombre de un gobierno progresista que dice enfrentar la oligarquía y al mismo tiempo lleva a Grobocopatel a Venezuela.Bonasso, como muchos amigos progresistas del Gobierno, quiere o le gustaría ver a la FAA con un discurso distinto. Le molesta que desde la protesta se planteen cosas que deberían ser dichas y resueltas por este Gobierno, que se precia de nacional y popular y que no resuelve. El conflicto sería más fácil de traducir en clave latinoamericana, un gobierno progresista versus una oligarquía derechista y codiciosa. Pues no es así: ni Cristina es Evo o Chávez, ni nacionalizó el petróleo, la minería o el comercio de granos; ni nosotros somos el prefecto Costa. Como decía un viejo maestro del socialismo, el método se mide por el resultado, y el resultado en materia política agraria es más concentración de tierras y renta, más beneficios para aceiteras y pulpos exportadores, más inflación producto de la concentración de las cadenas agroalimentarias, perjudicando a productores y consumidores. Necesitamos reescribir aquel viejo libro de Rogelio García Lupo, Mercenario y monopolio en la política argentina, que desenmascara la trama y complicidad de las políticas oficiales de subsidios y compensaciones más regulaciones impositivas y bromatológicas (imposibles de cumplir para los más chicos y que se utilizan como brazos poco visibles de la concentración económica). Todo eso es responsabilidad del Gobierno. Ni Buzzi ni FAA gobiernan. Ni sancionan leyes, ni tienen diputados ni senadores, ni tienen ministros; ésa es responsabilidad del Gobierno. Parece mentira..., ellos concentran y nos quieren responsabilizar a nosotros ¡un disparate! Termínenla con Buzzi y la FAA y tomen y ejecuten alguna medida positiva para los pequeños y medianos productores. Es hora de que hagan algo progresista en materia agraria y dejen de victimizarse.

3.- En respuesta a Peretti, Bonasso publica el 26 de mayo el siguiente artículo


Yo no soy el gobierno


Leí ayer domingo en Crítica de la Argentina una nota del dirigente de la Federación Agraria, Pedro Peretti, presentada en la edición de la siguiente manera: “En respuesta a un artículo firmado por Miguel Bonasso el domingo pasado (‘Urquía y los seis grandes’), un dirigente de la FA replica, punto a punto, la estrategia del Gobierno”. Como en realidad lo que Peretti intenta replicar, “punto a punto”, es mi artículo, me pregunté si no había una confusión que era imperativo aclarar cuanto antes.Yo no soy el Gobierno. Soy un diputado nacional que integra un monobloque autónomo, Diálogo por Buenos Aires, y no el oficialista PJ-Frente para la Victoria. En función de esa autonomía he apoyado –como muchos argentinos, incluyendo a Eduardo Buzzi– lo que me pareció bueno de la gestión de Néstor Kirchner, criticando lo que me pareció malo y votando y hablando críticamente cuando lo creí necesario. Como Peretti lee este diario, le recomendaría que revise algunas contratapas mías referidas al conflicto del campo y a la ley de radiodifusión para entender mejor mi posición. Verá entonces que ciertas diferencias datan del 2004, cuando discutí con el presidente la prolongación de las licencias a los grandes carteles de la comunicación y expresé mi disidencia por escrito en la reforma del célebre artículo 45, que en realidad fue un retoque gatopardesco.También encontraría en la contratapa titulada “Más allá de las falsas antinomias” una dura crítica al aceitero-senador Roberto Urquía y al subsidio que Aceitera General Deheza y los otros miembros del oligopolio han venido recibiendo de parte del Gobierno para comprar más barata la soja. Por suerte en el Congreso hay buenos taquígrafos y al lector le basta revisar la colección de este diario para comprobar que lo que digo que dije es exacto.Celebro que el señor Peretti, al leer mi nota, coincida en que es necesario nacionalizar el comercio de granos y que Eduardo Buzzi haya dicho lo mismo, también después de leer la nota. Insisto en lo que afirmé en la contratapa motivo de esta réplica: “El 10 de mayo último, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, en un acto realizado en Gualeguaychú, afirmó que la nacionalización del petróleo y la minería realizada en Bolivia por Evo Morales, era ‘un ejemplo a seguir’. Es una lástima que no incluyera en su proyecto nacionalizador a los Seis Grandes”. No lo incluyó –reitero– en esa enumeración, no lo incluyó. El señor Peretti me atribuye “falta de honestidad intelectual o un desconocimiento preocupante” por ignorar las luchas llevadas adelante por la Federación Agraria a favor de las regulaciones del comercio de carnes y de granos. No hay ni mala fe ni ignorancia: en mi nota digo textualmente “la iniciativa de reinstalar la Junta Nacional de Granos fue históricamente apoyada por la Federación Agraria, que ahora parece más interesada en generar un movimiento político a partir de su enfrentamiento con el Gobierno”.Es decir que existe de mi parte un reconocimiento al reclamo “histórico” de la FAA y un señalamiento que las informaciones que acerca Peretti no alcanzan a desmentir: la prédica general y reiterada de la FAA en este conflicto no fue por la nacionalización del comercio de granos, sino por la caducidad de las retenciones móviles. El tema no es sólo lo que se dice, sino en qué momento se lo dice.Esto vale sobre todo para la ironía fácil con la que pretende descalificarme, al afirmar: “Bonasso incurre en el lugar común de toda ‘la izquierda kirchnerista’ de creer que el problema agrario es como el cine continuado, que empieza cuando llegaron ellos y termina cuando se van”.Le recuerdo que llegué al “cine continuado” de la militancia popular hace más de cuarenta años, lo que me valió atentados en dictadura y en democracia, persecuciones y exilio. Y sin embargo no abandoné el cine porque la película continúa. No soy un luchador rural, pero me asomé con respeto y manifiesta voluntad reflexiva al problema agrario, tratando de entender lo que se oculta bajo las falsas antinomias “gobierno-campo” y denuncié la maniobra del influyente senador oficialista Urquía contra la ley Martínez Raymonda, cosa que no me ubica precisamente en el campo de la “izquierda kirchnerista” ni en el de los “amigos progresistas del Gobierno”, adonde pretende confinarme Peretti. El dirigente de la FA dice que apoyaron mi proyecto de ley de Bosques. Es probable que lo hayan declarado y lo celebro, pero cuando tuve que dar la lucha –día a día– contra Urquía, el feudal Romero y los que pretendían enterrar la ley primero en Diputados y luego en el Senado, tuve a mi lado a las organizaciones ambientalistas, a los representantes de los pueblos originarios y las organizaciones de campesinos pobres del NOA y el NEA expulsados de sus tierras por la fiebre sojera, que amenaza con convertir a la Argentina en el desierto de Gobi. Esas 400 mil familias, que deben sumar casi un millón y medio de argentinos, no figuran en la entidad metafísica sacralizada como “campo” por el diario La Nación y otros partidarios de la “reforma agraria”. Esos condenados de la Tierra son invisibles. Sus humillaciones no salen en la tele. Y recuerdo aún alguna discusión que tuve al respecto con el secretario de Agricultura Javier de Urquiza, cuando les negaron la creación de un ente dentro de la Secretaría para atender sus demandas específicas, para no molestar a la FAA.Por último, Peretti dice que ni Buzzi ni la FAA gobiernan. Lo cual es cierto. Yo tampoco. Eso no lo autoriza a malversar a quien cuestiona duramente subsidios y apoyos al oligopolio, como si fuera culpable de lo que está criticando. No lo soy ni como periodista ni como legislador. Yo también apoyé en el Congreso las iniciativas de Eduardo Macaluse y Alberto Cantero, para tratar de recrear un ente regulador del comercio de granos, que además asegure la soberanía alimentaria para todos los argentinos e impida que nos condenemos al monocultivo.El secreto está en una sola cosa, en la que espero que coincidamos: en el campo hay clases y yo no los descalifico a ustedes diciendo “los amigos progresistas de la Sociedad Rural”. No les quepa duda que si salen a luchar por la reforma agraria y la nacionalización del comercio de granos estaré de su lado, como lo estuve a lo largo de toda mi vida.De momento sigo creyendo que una parte de la formidable renta diferencial de la tierra, también tiene que ser nacionalizada para reindustrializar a la Argentina. Que el Gobierno lo haga o no lo haga es, para usar una metáfora campestre, harina de otro costal.

4.- Peretti responde el 29 de mayo de la siguiente manera:

Algunas precisiones al compañero Bonasso


He leído atentamente todas las columnas que Bonasso me recomendó en el artículo del pasado lunes. Y valoro sus posiciones críticas frente al Gobierno, así como su prédica por un país más justo e independiente; de eso no hay dudas. Pero separemos el trigo de la paja. Es cierto que Eduardo Buzzi no habló de la nacionalización del comercio de granos en el citado acto de Gualeguaychú, ante 30 mil productores.Sí lo hizo el 25 de mayo en Rosario, ante 300 mil personas (como ve, siempre apreciamos los aportes sinceros de los compañeros valiosos, aunque no coincidan circunstancialmente con nosotros). De este modo, vuelve a quedar clara la posición de la entidad ante un tema tan sensible, frente a un gobierno que en materia agraria no controla, ni fiscaliza, ni resuelve nada. Pero además deseo aclarar algo que me parece importante desde el punto de vista personal: en mi anterior columna no pretendí descalificar “con la ironía fácil”, como me dice Bonasso. Porque tengo un profundo respeto por la militancia y la pluma del compañero, que bajo ningún punto de vista me atrevería a descalificar. Pero permítanme una reflexión: la cárcel, el exilio, y las persecuciones políticas son situaciones muy duras, que demuestran la convicción y consecuencia de quienes los han padecido, pero bajo ningún punto de vista otorgan un certificado de infabilidad política, o suplantan las razones y los debates necesarios.Por otra parte, desde Federación Agraria siempre dijimos que la cuestión agraria era un problema del conjunto de la población, por lo tanto, bienvenido al intercambio de ideas.Miguel Bonasso recuerda también alguna discusión que tuvo con Javier de Urquiza en torno de la varias veces enunciada –pero nunca implementada– subsecretaría de la agricultura familiar. Federación Agraria fue autora intelectual y material del foro del sector, con la coordinación en red de más de 900 organizaciones sociales del campo; fue batalladora incansable por la creación de dicho organismo. Se hicieron reuniones zonales, regionales y nacionales con varios miles de productores a lo largo y ancho del país.Sería ocioso describirlas con minuciosidad, pero son testimonio elocuente del compromiso de nuestra entidad en torno del tema. Para información del diputado, es menester informar que dicho proceso tuvo que desarrollarse en principio desde el ámbito de la Cancillería argentina, porque el titular de la SAGPyA no terminaba de comprender la importancia del mismo. Luego de muchos pasos caminados, el tema pasó, por razones obvias, a la órbita de Javier de Urquiza. Como podrá ver el diputado, lejos de molestar a la Federación Agraria, el espacio fue sin duda el principal bastión para que los campesinos tuvieran una atención especial de parte del Estado argentino. Un lugar que nunca tuvieron (y que tampoco tienen hoy, a pesar de las múltiples promesas).La FAA no es, por último, una ONG, ni un partido político. Es una organización gremial creada por pequeños y medianos productores para facilitar su acceso a la tierra, y disputar la renta agraria. Por lo tanto, está en nuestra propia existencia la lucha por apropiarse de una parte de lo que producimos. Para ello, creemos firmemente en políticas públicas diferenciadas para los pequeños agricultores del sector. Y eso, no los discursos, marca la distancia entre un gobierno progresista en materia agraria, y... “los otros”. Coincidimos con Bonasso en que lo que le “cobremos” a los megaproductores y pools de siembra debe ser reinvertido en la reindustrialización del país. Pero no para garantizar la renta de los grandes grupos económicos, sino apuntando al desarrollo de las pymes en el campo y la ciudad. Para eso, entre otras cosas, serviría un verdadero mecanismo de retenciones segmentadas, que el Gobierno se empecina en no discutir ni aplicar.

5.- Finalmente Bonasso responde en fecha 29 de junio de 2008

Una chance para la razón


Carpas, gritos y susurros. Muñecos inflables de una romería que convierte protestas y contra-protestas en algo parecido al carnaval de Gualeguaychú sin las posaderas de Evangelina Carrozo. Miguel Bonasso.
¡Qué semanita ésta! Carpas, gritos y susurros. Muñecos inflables de una romería que convierte protestas y contra-protestas en algo parecido al carnaval de Gualeguaychú sin las portentosas posaderas de Evangelina Carrozo. El inevitable canibalismo político que constituye la médula del famosito “ser nacional”. Empujones, improperios. La argentinidad al palo. Raspones vendidos como puñaladas. Paciencias que se agotan. Productores “autoconvocados” que se pelean con la seguridad del Congreso, o te piden, extenuados, con un sombrero agrario modelo Novecento, sentarse en la silla de un diputado que logró ir al baño. Un amable presidente de la Comisión de Agricultura, que agradece la cooperación para mantener el silencio, mientras todos gritan a la vez.Algunos diputados intentamos tomar notas sobre lo que dicen los actores sociales invitados, batiendo récords de retenciones, en este caso urinarias. No nos podemos mover. El que se fue a Sevilla encontrará en su silla a un representante de “las cuatro entidades”. Me pregunto: ¿qué saldrá de esta gigantesca reunión de consorcio, de esta asamblea vecinal ampliada?Recuerdo con temor la gran frase de Discepolín: “Un argentino es un tipo que tiene un pie en el manicomio y otro sobre un jabón”.Sin embargo, por debajo del quilombo, en la trastienda de las crónicas folclóricas, discurre el diálogo, el intento de negociación, aquello que constituye la savia de todos los parlamentos. Puede que existan, pero no se ven las repugnantes “banelcos” de otros tiempos. Hay conciencia en muchos legisladores y legisladoras de que está en juego un valor superior a las falsas antinomias, al ring de las carpas: la posibilidad de recuperar la fe pública en el papel del Congreso. Más allá de los aprietes rurales en sus casas provincianas, más allá de las invocaciones de Néstor a la resistencia heroica de los diputados oficialistas, más allá del “señorgordismo” de algunos diputados de la oposición que tampoco logran ponerse de acuerdo, hay reuniones intensas, pasillos preñados de interrogantes, papeles que pasan de un despacho a otro. Búsquedas de flexibilizar la 125 desde perspectivas más conservadoras o más progresistas. Hay propuestas bastante lúcidas: no introducir nuevos proyectos individuales para instaurar o restaurar alicaídos prestigios personales, sino la voluntad de acercarle propuestas al oficialismo para que el principio rector de las retenciones –que muchos compartimos- se aplique de manera equitativa, protegiendo a los pequeños y medianos productores. Un hombre de campera clara se me acerca y me saluda vigorosamente: es Pedro Peretti, el dirigente de la Federación Agraria (FAA) que polemizó conmigo en las páginas de Crítica de la Argentina. Ahora, en cambio, me elogia la contratapa del domingo pasado y me acerca una propuesta de retenciones segmentadas. La observo atentamente y luego la discuto a fondo con mis asesores. De allí surge un dato fundamental: para el segmento más alto, que integran (según la FAA) los productores de más de 1.500 toneladas, se propone una alícuota del 50 por ciento. Esto viene a demostrar, paradójicamente, que la general del 44 por ciento no era “confiscatoria” para el sector más concentrado del campo. La FAA, como es lógico, en una propuesta de movida (a negociar) arranca con una retención de apenas el 20 por ciento para los productores de hasta 300 toneladas.La merma total para el fisco en esta propuesta de máxima supone 1.300 millones de dólares.Para empezar a negociar una salida equitativa para los pequeños y medianos productores, la propuesta de segmentación no está mal. Pero habría que llegar (como en cualquier paritaria) a una revisión de las categorías y sus correspondientes porcentajes que permita, en principio, reducir la pérdida fiscal y la capacidad indelegable del Estado de regular entre precios internacionales y precios internos, para preservar la soberanía alimentaria de los argentinos. También para apropiarse de parte de la renta y redistribuirla en beneficio de los sectores más postergados y a favor del desarrollo nacional.Adicionalmente, el proyecto que salga o una ley complementaria podría considerar el fin de los subsidios a los Seis Grandes del aceite de soja (Cargill, Aceitera General Deheza, Vicentín, Bunge, Molinos y Dreyfus), para cubrir la compensación a los pequeños productores. Al fin y al cabo, si se trata de desalentar la sojización de la Argentina, el subsidio a una agroindustria de poco valor agregado y poca generación de empleo, ya consolidada, no requiere de ese apoyo público.De todos modos, salga pato o gallareta, está será una ley de emergencia, destinada entre otras cosas a recobrar la paz social y reconstituir el tejido político del país. Pero valdrá poco por sí misma si no integra un “corpus” de leyes que vayan delineando el modelo agropecuario que la Argentina tendrá en estos próximos años. El peligro de la sojización, a la que algunos intentamos ponerle coto parcial con la Ley de Bosques, amenaza nuestra tierra. El modelo agroexportador que nos convirtió hace un siglo en el “granero del mundo”, con el esquema de las vacas gordas y los peones flacos, atenta contra la posibilidad de generar empleo para 40 millones de argentinos. Ninguno de los países con praderas fértiles que hoy se cuentan entre los más ricos del mundo, lograron su desarrollo económico basados exclusivamente en esa ventaja comparativa. Todos los que podríamos citar (Estados Unidos, Canadá, Australia, por ejemplo), son países industrializados. Sin que por ello les vaya mal a sus farmers. Todo lo contrario.Por eso, en medio de la barahúnda que se armó esta semana en la reunión conjunta de Agricultura y Presupuesto y Hacienda, sobresalió la voz pausada de un hombre pequeño y enjuto, que no concitó la atención de los movileros, como el “rockstar” De Angeli: el economista Aldo Ferrer.Sereno, pero enérgico, el referente del Plan Fénix advirtió que limitándonos a ser “el granero del mundo” no lograremos salir del subdesarrollo y por eso el Estado no debe renunciar a administrar las señales del mercado mundial, mediante diversos instrumentos como tipos de cambio múltiples, subsidios y retenciones, que aseguren la transformación productiva del país y lo ubiquen en la mejor de las situaciones, para aprovechar una coyuntura mundial verdaderamente excepcional.La voz de la razón no necesita gritar.